Alerta Legal
Ley 21.719: Nueva regulación de protección de datos personales en Chile
El próximo 1 de diciembre de 2026 entrará en vigencia la Ley 21.719, que moderniza la normativa chilena sobre protección de datos personales y adapta la actual Ley N°19.628 a estándares internacionales en la materia.
Principales cambios
La nueva normativa incorpora obligaciones que exigirán a las empresas una gestión más estructurada y transparente de los datos personales. Entre los principales cambios destacan:
- Mayor responsabilidad en el tratamiento de datos personales.
- Nuevos derechos para los titulares de datos, como acceso, rectificación, cancelación, oposición, bloqueo y portabilidad (Derechos ARCO)
- Reglas más estrictas para el consentimiento y uso de datos.
- Creación de una Agencia de Protección de Datos Personales con facultades de fiscalización y sanción.
- Creación de un Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones, que permitirá dejar constancia pública de determinadas infracciones y sanciones aplicadas.
- Multas relevantes ante incumplimientos.
Modelos de prevención y DPO
La ley contempla la posibilidad de implementar voluntariamente modelos de prevención de infracciones en materia de protección de datos, consistente en un programa de cumplimiento. Estos programas pueden incluir:
- La designación de un Delegado de Protección de Datos (DPO).
- Protocolos y procedimientos internos de cumplimiento.
- Identificación de riesgos y categorías de datos tratados.
- Mecanismos internos de supervisión y reporte.
Contar con un modelo de prevención certificado por la Agencia de Protección de Datos podrá constituir una circunstancia atenuante de responsabilidad frente a eventuales infracciones.
¿Cómo prepararse?
Aunque la ley entra en vigencia en diciembre de 2026, se recomienda iniciar desde ahora un proceso de adecuación. Algunas medidas clave son:
- Identificar los datos personales que maneja la organización y cómo son utilizados.
- Revisar consentimientos, políticas de privacidad y bases legales de tratamiento.
- Actualizar contratos con proveedores y documentos internos.
- Fortalecer medidas de seguridad y gestión de incidentes.
- Definir responsables y estructuras de gobernanza interna.
Un cambio cultural y regulatorio
La Ley 21.719 no solo implica nuevas obligaciones legales, sino también un cambio en la forma en que las organizaciones gestionan la información personal y la confianza de clientes, trabajadores y terceros.
La preparación temprana permitirá reducir riesgos regulatorios, operacionales y reputacionales antes de su entrada en vigencia.