Ley de Reconstrucción de Chile: Principales implicancias para las empresas de la reforma tributaria y regulatoria propuesta
28 de abril de 2026
El 22 de abril de 2026, el Presidente José Antonio Kast presentó formalmente al Congreso la Reforma Tributaria para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social del País — comúnmente denominada Ley de Reconstrucción. Se trata de un proyecto de ley concreto, con artículos y disposiciones específicas que serán debatidos en el Congreso.
El propósito de esta reforma es facilitar la actividad empresarial en Chile mediante incentivos tributarios, reducción de la burocracia, agilización de los procesos de permisos y eliminación de cuellos de botella, con el objetivo declarado de alcanzar aproximadamente un crecimiento anual del PIB del 4% y una tasa de desempleo del 6,5% hacia 2030. El estancamiento del crecimiento ha sido uno de los principales desafíos del país durante la última década, incluso cuando Chile ha atraído niveles récord de inversión en los últimos años, lo que sugiere que las barreras estructurales —más que la falta de capital— han limitado la expansión económica.
Desde una perspectiva empresarial, el proyecto puede organizarse en cuatro áreas clave:
- Cambios tributarios destinados a fomentar la inversión
- Permisos más rápidos y simplificación regulatoria
- Infraestructura, vivienda y activación sectorial
- Seguridad pública, control laboral y eficiencia del Estado
A continuación, se detallan las medidas específicas contenidas en el proyecto.
1. Cambios tributarios destinados a fomentar la inversión
El capítulo tributario del proyecto es el más detallado y, probablemente, el más relevante para las empresas. Entre sus principales medidas se incluyen:
Reducción gradual de la tasa del impuesto corporativo (IDPC)
El artículo 10 propone reducir el impuesto de primera categoría (IDPC) desde un 27% a un 23%, de manera gradual durante el período presidencial. El régimen actual para Pymes se mantendría durante la transición. Además, la tasa de pagos provisionales mensuales (PPM) para Pymes se reduciría a 0,23%, aliviando presiones de caja en el corto plazo.
Integración total del sistema tributario
El artículo 11 avanza hacia un sistema tributario completamente integrado, reemplazando el régimen semiintegrado actual. Hoy, solo el 65% del impuesto de primera categoría pagado por una empresa puede imputarse contra los impuestos finales de sus accionistas, requiriendo una restitución del 35%. La reforma elimina gradualmente esta obligación:
• Año tributario 2028: restitución se reduce a 30%
• Año tributario 2029: restitución se reduce a 20%
• Año tributario 2030: integración total — el 100% del IDPC es crédito imputable
Esto simplifica la estructura tributaria y mejora los retornos después de impuestos para los inversionistas, eliminando la distinción actual entre accionistas nacionales y extranjeros o entre jurisdicciones con o sin convenios para evitar la doble tributación.
Eliminación del impuesto a las ganancias de capital en valores con presencia bursátil
El artículo 10 también elimina el impuesto único de 10% sobre las ganancias de capital en la enajenación de valores con presencia bursátil, restableciendo el régimen vigente antes de la Ley N° 21.420. Esto constituye un incentivo directo a la inversión de portafolio y al mercado de capitales en Chile.
Régimen de repatriación de capitales
El proyecto establece un régimen voluntario, por una sola vez y por un período de 12 meses, que permite a contribuyentes domiciliados o residentes en Chile con anterioridad al 1 de enero de 2025 declarar activos e ingresos previamente no declarados o no gravados mantenidos en el extranjero, sujetos a un impuesto sustitutivo de tasa única de 10%.
Se aplicará una tasa reducida de 7% si los activos son repatriados dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la ley y permanecen invertidos en Chile por al menos 5 años, en instrumentos elegibles tales como bienes raíces, bonos o valores con presencia bursátil, u otros instrumentos de deuda o capital, públicos o privados, con activos subyacentes ubicados en Chile.
Este régimen cubre activos adquiridos antes del 1 de enero de 2025 y los ingresos derivados de ellos hasta el 31 de diciembre de 2025. Representa la tercera versión de este tipo de programas en Chile, tras iniciativas similares en 2015 y 2024.
Invariabilidad tributaria para grandes inversiones
El proyecto crea un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para inversionistas nacionales y extranjeros que desarrollen proyectos en los sectores minero, industrial, forestal, energético, de infraestructura, telecomunicaciones, I+D, médico o científico, siempre que la inversión sea igual o superior a USD 50 millones. A estos inversionistas se les garantiza una carga tributaria total efectiva de 35% sobre la renta, junto con estabilidad en todos los elementos esenciales del sistema tributario vigentes a la fecha de suscripción del contrato. Esto se formaliza mediante contratos con el Estado de Chile.
Crédito tributario al empleo
El artículo 9 introduce un crédito tributario progresivo destinado a fomentar el empleo formal. El crédito se fija en 15% para trabajadores con una remuneración bruta de 7,8 UTM (aproximadamente CLP $545.000 / USD $565 mensuales), disminuyendo gradualmente hasta 0% cuando la remuneración alcanza 12 UTM (aproximadamente CLP $839.000 / USD $870 mensuales). Esta medida está orientada a trabajadores de menores ingresos y busca reducir la informalidad en el mercado laboral.
*La UTM (Unidad Tributaria Mensual) es una unidad tributaria mensual utilizada en Chile, ajustada regularmente por inflación. A abril de 2026, 1 UTM = CLP $69.889. Todas las cifras expresadas en UTM son aproximadas y variarán conforme se actualice dicho valor.
Reducción temporal del impuesto a las donaciones
El proyecto propone una reducción transitoria del 50% del impuesto a las donaciones durante un período de 12 meses desde la publicación de la ley, con el fin de incentivar la planificación patrimonial temprana y la transferencia intergeneracional de riqueza. Actualmente, el impuesto a las donaciones se aplica con tasas progresivas que van desde 1% a 25%. Bajo este régimen:
• El monto total del impuesto a las donaciones pagado (incluso a la tasa reducida) podrá imputarse contra el futuro impuesto a la herencia.
• Se permiten donaciones entre cónyuges con carácter irrevocable.
• Se elimina el requisito de autorización judicial (insinuación), reemplazándolo por su otorgamiento mediante escritura pública y una declaración jurada de bienes.
• Los donantes no podrán donar más del 75% de su patrimonio total.
Esta medida es particularmente relevante para dueños de empresas y personas de alto patrimonio que estén considerando procesos de sucesión o reorganización de activos familiares.
Impuesto sustitutivo del 10% sobre utilidades retenidas (FUR/STUT) y retiros en exceso (FUT)
El proyecto introduce dos mecanismos voluntarios de impuesto sustitutivo con una tasa fija de 10%:
Sobre saldos FUR/STUT: Las empresas con saldos positivos en el Fondo de Utilidades Tributables (FUR) y/o en el Saldo Total de Utilidades Tributables (STUT) al 31 de diciembre de 2025 podrán optar por aplicar un impuesto sustitutivo de 10% en reemplazo de los impuestos finales. La opción deberá ejercerse dentro de los 8 meses siguientes a la publicación de la ley. Los créditos por IDPC asociados a los montos acogidos a este régimen se extinguen, y el impuesto pagado no es gasto deducible. Una vez tributados, los montos podrán retirarse, remitirse o distribuirse sin quedar sujetos a las reglas generales de imputación de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Sobre retiros en exceso del FUT: Las empresas con retiros en exceso del FUT al 31 de diciembre de 2025 o 2026 también podrán optar por el impuesto sustitutivo de 10%, bajo condiciones similares y dentro del mismo plazo de 8 meses. Los créditos SAC asociados se extinguen al ejercer la opción.
Estos mecanismos ofrecen una oportunidad para regularizar utilidades acumuladas a una tasa significativamente reducida, lo que puede resultar atractivo para empresas que busquen simplificar su situación tributaria o distribuir utilidades acumuladas.
Regularización de deudas municipales
El proyecto establece un procedimiento extraordinario para regularizar deudas municipales (patentes comerciales, permisos de circulación, derechos de aseo y otros cobros municipales) devengadas en los tres años previos al 1 de enero de 2026. Las municipalidades podrán condonar el 100% de los intereses y multas, así como renunciar a acciones de cobro respecto de deudas que puedan alegar prescripción.
Facilidades de pago de deudas con Tesorería General de la República
Se autoriza a la Tesorería General de la República, durante los 180 días siguientes a la publicación de la ley, a otorgar facilidades de pago respecto de deudas vencidas al 31 de diciembre de 2025:
• Pago al contado: condonación de hasta el 100% de los intereses y 80% de las multas.
• Convenio de pago (hasta en 24 cuotas mensuales): condonación de hasta el 95% de los intereses y 75% de las multas, con un pie mínimo de 10% del capital adeudado.
Mayor fiscalización tributaria mediante cruce de datos
El artículo 85 quater del Código Tributario autoriza al SII (Servicio de Impuestos Internos) a cruzar datos de los contribuyentes con cualquier organismo del Estado, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de verificar si los beneficiarios de prestaciones estatales cumplen con los requisitos de elegibilidad. Las empresas deben tener presente que esto refleja una tendencia más amplia hacia un mayor control fiscal.
2. Permisos más rápidos y simplificación regulatoria
El principal desafío de Chile no ha sido la falta de estructura legal, sino la velocidad, coordinación y previsibilidad de los procesos de permisos. El proyecto aborda este problema de manera directa.
Agilización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
Los artículos 14 a 18 introducen diversos cambios en el proceso de evaluación ambiental:
• Se reduce el número de adendas admisibles (rondas de preguntas complementarias), acortando los plazos de revisión.
• Se fortalece el rol técnico del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), otorgándole mayores facultades para impulsar las evaluaciones.
• Se eliminan ciertos requisitos de ingreso al SEIA, acotando los proyectos que requieren evaluación ambiental completa.
• Se limitan las vías para impugnar una RCA (Resolución de Calificación Ambiental) aprobada y se restringen las medidas precautorias respecto de proyectos con RCA favorable.
• Se crea un nuevo mecanismo de reparación para casos en que una RCA favorable sea anulada judicialmente, otorgando mayor certeza a los titulares de proyectos.
Permisos arqueológicos y patrimoniales
El artículo 21 simplifica las autorizaciones de excavación arqueológica y la gestión de hallazgos, introduciendo plazos obligatorios de respuesta y aprobación automática para intervenciones menores.
Relocalización de concesiones acuícolas
El artículo 6 simplifica la relocalización de concesiones acuícolas, eliminando la exigencia de someter todos los traslados al SEIA cuando el cambio implique únicamente ajustes cartográficos.
Ajustes a la regulación pesquera
El artículo 7 modifica la Ley General de Pesca para optimizar la gestión administrativa. En particular, reemplaza la caducidad automática de concesiones por inactividad superior a dos años por un recargo económico de 6 UTM por hectárea, que aumenta a 16 UTM después de 54 meses.
3. Infraestructura, vivienda y activación sectorial
El proyecto contempla medidas destinadas a acelerar la actividad en la construcción, la vivienda y sectores relacionados.
Incentivos a la vivienda y la construcción
El plan general del gobierno incluye la eliminación temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas (por un período de un año), el aumento de subsidios para compradores de clase media y la eliminación de contribuciones para propietarios primerizos de 65 años o más. Estas medidas, junto con la reducción del IVA en la construcción, buscan reactivar el mercado inmobiliario.
Reconstrucción por incendios
El gobierno ha incrementado el financiamiento máximo a CLP 400.000 millones para el programa FET-Incendios, destinado a la reconstrucción en zonas afectadas por incendios forestales en Ñuble, Biobío y Viña del Mar.
Efectos multiplicadores
Cuando los proyectos de infraestructura y vivienda avanzan con mayor rapidez, suelen generar efectos positivos en cadena en proveedores, servicios de ingeniería y diseño, transporte y logística, empleo y actividad comercial local. Para muchas empresas, el valor no radica solo en la demanda directa, sino en estos efectos multiplicadores derivados de una mayor ejecución de proyectos.
4. Seguridad pública, control laboral y eficiencia del Estado
El proyecto incluye medidas destinadas a fortalecer los controles en aquellos ámbitos donde el gobierno ha identificado ineficiencias o abusos que incrementan los costos para la economía.
Licencias médicas fraudulentas en el sector público
El artículo 30 establece la destitución obligatoria de los funcionarios públicos que falsifiquen licencias médicas, las utilicen de manera fraudulenta o no respeten el período de reposo prescrito. Esta medida se plantea como una herramienta para mejorar la disciplina laboral y reducir los costos de ausentismo en el sector público.
Contención del gasto fiscal
El artículo 25 introduce una suspensión por dos años del ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento de gratuidad (regulado por la Ley N° 21.091), con el objeto de limitar el crecimiento del gasto público en educación superior.
El artículo 24 modifica los criterios de acceso a beneficios sociales, reemplazando la elegibilidad basada en deciles de ingreso por un enfoque centrado en la sostenibilidad fiscal del sistema de beneficios.
El artículo 26 propone la eliminación de la franquicia tributaria SENCE, que actualmente permite a las empresas deducir gastos de capacitación de trabajadores de sus obligaciones tributarias. Las empresas que utilizan este beneficio deberán evaluar su impacto en sus presupuestos de capacitación.
Ampliación del incentivo al retiro anticipado
El artículo 28 amplía el número máximo de beneficiarios elegibles para el programa de incentivo al retiro en el sector público, conforme a la Ley N° 20.948 (artículo 5), lo que refleja un impulso por reducir el tamaño de la dotación pública.
Modernización de las compras públicas
El artículo 4 modifica el marco de contratación pública (Ley N° 19.886) en dos aspectos relevantes:
• Elimina la prohibición de contratar con personas vinculadas a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.
• Suprime la exigencia de que todas las comunicaciones previas a una licitación se canalicen exclusivamente a través de la plataforma Mercado Público, facilitando diálogos técnicos previos a los procesos formales de licitación.
Regulación del transporte de monedas
El artículo 32 otorga al Subsecretario de Prevención del Delito la facultad de eximir el transporte de monedas de los requisitos generales de seguridad aplicables al transporte de valores, simplificando esta operación específica.
Por qué esto es relevante para las empresas: Un sector público más eficiente y disciplinado puede reducir retrasos, fricciones de cumplimiento e incertidumbre. Sin embargo, la eliminación de la franquicia SENCE representa un costo para aquellas empresas que dependen de este beneficio para el desarrollo de su fuerza laboral. Por otro lado, los cambios en contratación pública pueden abrir nuevas oportunidades para empresas vinculadas a infraestructura y obras públicas.
Qué sigue
Es importante destacar que, si bien este proyecto es actualmente una propuesta legislativa formal, aún no ha sido promulgado como ley. Los cambios más relevantes —en particular en materia tributaria, regulación ambiental, control laboral y reformas institucionales— requerirán:
• Debate completo en el Congreso
• Aprobación en ambas cámaras (Cámara de Diputados y Senado)
• Implementación reglamentaria posterior a su aprobación
La capacidad del gobierno para construir apoyo político, el grado en que la agenda se mantenga tras las negociaciones legislativas y la velocidad de implementación por parte de los ministerios determinarán el impacto real de estas propuestas.
Para las empresas, la conclusión práctica es clara: este proyecto tiene el potencial de impactar significativamente el entorno de inversión y operación en Chile, pero su efecto final dependerá de lo que se apruebe, en qué forma y en qué plazos.
En BC&MC estamos monitoreando activamente el proceso legislativo y analizando las implicancias de cada disposición para nuestros clientes. Ya sea que estén evaluando nuevas inversiones en Chile, analizando el impacto en sus operaciones actuales o explorando oportunidades derivadas de los cambios propuestos —como el régimen de repatriación de capitales, los beneficios de integración tributaria o los incentivos en infraestructura—, nuestro equipo está disponible para apoyarles en la navegación de este entorno regulatorio en evolución.
Continuaremos publicando actualizaciones a medida que el proyecto avance en el Congreso. Si desea una evaluación personalizada de cómo estas medidas podrían afectar su negocio, no dude en contactarnos.
Este documento tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoría legal ni tributaria. Las empresas deben consultar con profesionales calificados respecto del impacto específico de estas medidas en sus circunstancias particulares.