Promulgada la Ley de Pago a 30 días

En el día de ayer, jueves 3 de enero, el Presidente de la República promulgó la ley que busca dar certeza a las PYMEs en las fechas de pago por las ventas de bienes o prestación de servicios que efectúen, garantiza el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, define como cláusulas abusivas cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en la ley y, por último, incorpora el derecho a indemnización.

Esta ley aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la administración pública o municipal, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas. Quedan fuera de su ámbito de aplicación, los pagos efectuados en las operaciones comerciales que intervengan consumidores.

En casos excepcionales, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda el referido en el inciso anterior, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurran a él y no constituya abuso para el acreedor.

Estos acuerdos deberán ser inscritos dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la celebración del mismo, en un registro que llevará al efecto, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, identificando a los contratantes, su rubro o actividad económica, fecha de celebración y plazo de pago, en la forma que establezca el reglamento.

En todo caso, cualquiera sea el plazo convenido por las partes, no producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones que intenten demorar indebidamente el pago de la factura al vendedor o prestador del servicio. En especial, las cláusulas o estipulaciones que:

Otorguen al comprador o beneficiario del servicio la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato, sin requerir del consentimiento previo y expreso del vendedor o prestador del servicio, sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen.
Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad que puedan privar al vendedor o prestador del servicio de su derecho de resarcimiento frente a incumplimientos contractuales.
Establezcan intereses por no pago inferiores a los que se establecen en esta ley.
Establezcan un plazo de pago contado desde una fecha distinta de la recepción de la factura.
Las demás que establezcan las leyes.
En ausencia de mención expresa en la factura y su copia transferible del plazo de pago, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura.

A continuación, resumimos las principales disposiciones de la ley:

Pago en 30 días
El plazo máximo de pago es de 30 días a partir del mes 25 de publicada la ley en el Diario Oficial. Los dos primeros años el plazo de pago será de 60 días para permitir la adaptación de las empresas a la nueva normativa.

En casos excepcionales, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda al recién referido, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurran a él y no constituya abuso para el acreedor.

Intereses
Además de intereses corrientes en caso de mora, se establece el pago de una comisión fija por recuperación de pagos, equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado. La deuda morosa a proveedores es considerada deuda financiera en los estados financieros de las entidades fiscalizadas.

Sector Público
Para organismos del Estado, el plazo de pago es igualmente de 30 días corridos y se puede establecer un plazo de pago de hasta 60 días en caso de licitación o contratos. Para las municipalidades y el sector salud, los plazos se aplicarán a partir del mes 29 de publicada la ley en el Diario Oficial.

Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto.

Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer un plazo de hasta 60 días corridos en las bases de licitación respectivas, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de contratación directa, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. En este caso, deberán informar a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración.

Competencia desleal
El incumplimiento sistemático de los plazos dispuestos en la ley es considerado como una práctica de competencia desleal.

Guía de despacho electrónica
Se establecerá la guía de despacho obligatoria, la que permitirá controlar el proceso íntegramente, desde que se despacha la mercadería, se emite la factura, hasta el pago. Esta comenzará a regir a un año de implementarse la ley y será electrónica.

La obligación de emitir guías de despacho electrónicas, comenzarán a regir un año después de la publicación de la ley en el Diario Oficial.

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